Renato Galicia Miguel

Veo en redes sociales que el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, dice que las “cachetaditas” que le dieron a Rodolfo Fofo Márquez los custodios del penal de Barrientos fue un asunto armado, un montaje.

Y uno piensa, pues en este país de la posverdad, la simulación, las acciones a modo, ¿qué no está armado?

Vámonos a dos ejemplos de Oaxaca en los que se mezclan dos gobiernos, uno priista, el de 2016 a 2022 de Alejandro Murat Hinojosa—aunque hoy ande disfrazado de senador plurinominal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)— y el otro del gobernador 4T Salomón Jara Cruz que inició en 2022. Me refiero a los casos de la saxofonista mixteca María Elena Ríos y la activista ayuujk Sandra Domínguez.

Aclaro que mi postura no tiene que ver con ideología ni muchos menos con los partidos políticos. Mi formación es marxista, de izquierda, ciertamente progresista. Es más, generacionalmente soy coterráneo de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ella, estudié la prepa en el CCH Sur de la UNAM e igual participé en el movimiento de 1986 de esa Casa de Estudios, el del Consejo Estudiantil Universitario (CEU): me tocó, por ejemplo, nada más para que se den un quemón, la marcha histórica que partió del Casco de Santo Tomás cuando la Maldita Vecindad recorría los contingentes, a la altura de San Cosme, tocando sobre un camión de redilas y alguien pintó sobre la plancha del zócalo la consigna aquella que estremecía: “El zócalo nos esperó 18 años”, pues desde el 68 ninguna manifestación estudiantil había llegado hasta ahí.

Aún más, puede decirse que me rozaba con la futura presidenta mexicana, pues la veía seguido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales porque, supongo, iba a ver a Carlos Imaz Gispert, quien después sería su pareja sentimental, en tiempos en que este político hoy caído en desgracia era uno de los tres dirigentes históricos del CEU, junto con Imanol Ordorika y Antonio Santos.

No, no es cuestión de ideología ni de partidos políticos. Tampoco se trata de entrarle al juego de los mercenarios de la información que le hacen el trabajo sucio a la derecha y ultraderecha mexicanas atacando como si estuvieran drogados a la presidenta Sheinbaum porque pasa la mosca.

Es un asunto más bien superficial —lo cual no es menor, porque superficial es mi piel y a través de ella siento, diría el máster Froylán López Narváez—, pero con mucho punch. Me refiero al tema de la suspicacia de los mexicanos cuando notamos un tufo de tranza, movida, podredumbre, en ciertos sucesos, procesos, acontecimientos.

Porque a mí sí que me ha generado suspicacia que el caso de María Elena Ríos —esta mujer que sufrió una tentativa de feminicidio al serle vertido en su cara y cuerpo ácido sulfúrico presuntamente por orden del todopoderoso empresario gasolinero y político priista Juan Vera Carrizal — parezca telenovela de Ernesto Alonso por el drama, la atmósfera que se le ha armado. He seguido el caso desde que inició, en el año 2019, durante el sexenio de Alejandro Murat, cuando tanto le costó a la mixteca que aquel hombre de poder fuera puesto en prisión y no lo liberara definitivamente —porque ya había sido puesto en libertad, no lo olvidemos—uno de esos jueces tranzas que abundan en nuestro México lindo y querido.

He visto su calvario para que aquél sea sentenciado como merece —es decir, con una pena mucho mayor que la del Fofo Márquez, si la justicia es congruente— y el más reciente asombroso proceso por el que Vera Carrizal fue excarcelado de manera subrepticia para que recibiera atención médica en, primero, el hospital Reforma y, después, la clínica Santa Anita de la ciudad de Oaxaca, y que incluyó la “casualidad” de que ahí llegara una dama con la cual se armó la madriza, y luego, hace unos días, sumó el rumor del fallecimiento del también exdiputado priista que terminó sólo en un susto, aunque sí está grave, según supuesto comunicado de sus familiares publicado por medios locales.

Igual me ha pasado con el caso de la desaparición de Sandra Domínguez y su pareja, Alexander Hernández, pues no hay que olvidar que el gobierno oaxaqueño de Salomón Jara Cruz de inmediato menospreció la línea de investigación que involucraba a Donato Vargas, su coordinador de Delegados de Paz, ya que éste había sido denunciado por la activista por su participación en un chat porno sobre mujeres ayuujk, y se inclinó por la versión de que la desaparición estaría relacionada con presuntos vínculos de Alexander con el crimen organizado.

Una línea que después convalidó el mismísimo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Casi al mismo tiempo, en operativo policiaco murieron tres presuntos delincuentes —así como un agente federal— ligados a la desaparición de Sandra Domínguez, y luego fue apresada una mujer que estaría relacionada con la versión oficial. Es decir, al final del día como que todo se va acomodando, armando de forma ad hoc.

Como informador, los dos casos me generan escepticismo. Ojalá el senador Gerardo Fernández Noroña también dijera que ambos temas pudieran estar armados. O mejor aún, que llamara a la transparencia, diligencia, eficacia, del gobierno oaxaqueño para evitar la suspicacia al respecto, los rumores, la sospechas que a los mexicanos nos causan acciones y versiones oficiales, “verdades históricas”, líneas de investigación que huelen a posverdades.